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"En reiteradas ocasiones se ha denunciado que una parte importante de los miembros de la cámara utilizan estos recursos para promover su imagen, comprar lealtades políticas o incluso para su propio beneficio"

Por Paul Ernesto Segarra

Cuándo hablamos del barrilito en República Dominicana nos referimos a un fondo especial que reciben cada mes los senadores como una especie de subsidio para supuestas "ayudas sociales" en sus respectivas provincias.

Oficialmente, este fondo se conoce como "fondo de asistencia social del Senado" y se percibe como un presupuesto adicional que manejan de forma discrecional.

El pasado 31 de marzo, el presidente del Senado, Ricardo De los Santos, en una comunicación institucional informa a los “honorables senadores” que, a partir del 01 de abril del corriente, se ha dispuesto un aumento del 10 % en el presupuesto correspondiente a lo asignado a cada provincia, es decir al barrilito.

Este dinero se supone debe ser utilizado en actividades de políticas sociales, pero no es más que un disfraz, los cuestionamientos campean como Pedro por su casa, por la falta de transparencia en su manejo y en definitiva es considerado como una forma de clientelismo político. Un esquema similar existe en la Cámara de Diputados, conocido como "cofrecito", que se maneja con el mismo criterio, pero con montos menores.

Es evidente que el barrilito en el marco de su propia realidad ha sido objeto de fuertes críticas por la falta de control, ya que no existen mecanismos claros de rendición de cuentas sobre cómo se usa el dinero público y los senadores no reportan detalles sobre los gastos incurridos.

En reiteradas ocasiones se ha denunciado que una parte importante de los miembros de la cámara utilizan estos recursos para promover su imagen, comprar lealtades políticas o incluso para su propio beneficio.

Un elemento que malea la economía y que es importante destacar es el crecimiento del gasto público, en un país con grandes limitaciones presupuestarias, este tipo de fondos representa un gasto adicional que podría destinarse a sectores más prioritarios como educación, salud o infraestructura.

Por estas razones diversas, las organizaciones revolucionarias del país debemos exigir la eliminación del "barrilito", argumentando que su existencia contradice principios de transparencia y buen manejo de los fondos públicos.

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