" A propósito de un arreglo entre grandes, se reafirma la concepción de Karl Marx de que la clase dominante no se suicida. Los poderosos, los grandes, los de arriba, velan por sus intereses en todo momento y a cualquier precio"

Comisión Política del MPD

En la República Dominicana resulta imposible realizar un análisis que esté completamente desligado de los intereses de los principales grupos económicos, dada su participación protagónica, determinante y manipuladora en la vida nacional.

Su comportamiento responde a una serie de factores fundamentales, entre los cuales se destaca la diversificación de sus inversiones, la influencia en las decisiones políticas y económicas, la consolidación de poder, la concentración del capital, la internacionalización de sus operaciones y una notable capacidad para manipular y distorsionar lo público. Esta última estampada en la Ley 47-20 sobre Alianzas Público-Privadas, disfrazada como una estrategia de responsabilidad social y sostenibilidad, que en la práctica opera como un instrumento encubridor de intereses privados.

Los grupos empresariales Corripio, Popular, Rica, SID, Puntacana, entre otros, constituyen grandes emporios económicos que tienden a diversificarse en múltiples sectores estratégicos, tales como la banca, medios de comunicación, la industria alimentaria, la energía, la construcción, la salud y la educación.

Este comportamiento les permite estar presentes en todas las esferas del aparato productivo nacional, ejerciendo un alto grado de control sobre la vida económica del país. Algunos de estos grupos, además, han comenzado a expandirse fuera del territorio dominicano, especialmente hacia Centroamérica y el Caribe, en busca de nuevos mercados.

Resulta particularmente interesante analizar en detalle el origen y la evolución de cada uno de estos conglomerados, su estructura y enfoque actual, los sectores en los que concentran sus inversiones, sus modelos de negocios, así como su impacto e influencia social y política. También es relevante examinar las controversias que los rodean y su visión a futuro. Este tipo de análisis permite desarrollar una mirada más crítica sobre las implicaciones sociales y políticas de su accionar, y, al mismo tiempo, considerar posibles salidas ante eventuales crisis, entre estos grandes actores del poder económico.

 A propósito de un arreglo entre grandes, se reafirma la concepción de Karl Marx de que la clase dominante no se suicida. Los poderosos, los grandes, los de arriba, velan por sus intereses en todo momento y a cualquier precio.

Antonio Espaillat López, destacado empresario del país en el área del entretenimiento y los medios de comunicación, presidente de RCC Media, un conglomerado que aglutina más de 50 emisoras de radio en la República Dominicana, entre ellas Zol 106.5 F.M. y además, propietario de la discoteca Jet Set, que por décadas se estandarizó como una de las más emblemáticas del país, y que hoy es tristemente recordada por haber sido el escenario de la más reciente y  mayor tragedia ocurrida en el territorio nacional, dejando a todo un país consternado y sumergido en profundo luto.

En el ámbito familiar e interpersonal, se destaca que está casado con Montserrat Namnum, con quien procreó dos hijos; mantiene vínculos familiares con Manuel Alejandro Grullón, presidente del Grupo Popular y una de las figuras más influyentes del país, siendo su primo en cuarto grado. 

En este contexto, las víctimas de la tragedia ocurrida en el Jet Set deben actuar con cautela y tener plena conciencia de los múltiples intereses encontrados, que rodean este proceso. Cuando figuras del poder económico, político y social se ven involucradas en escándalos, fraudes o crisis, entran en juego factores determinantes como intereses cruzados, el control reputacional, antecedentes históricos, la presión social y mediática, así como las profundas conexiones con la política, el Poder Judicial y los medios de comunicación. Estos elementos facilitan negociaciones tras bastidores que pueden diluir responsabilidades o favorecer salidas poco transparentes.

Por otro lado, no puede descartarse la existencia de un posible entramado orientado no solo a evitar sanciones legales, sino también a proteger marcas, apellidos y capital político. Una salida negociada podría implicar acuerdos financieros, renuncias simbólicas o, incluso, la aparición de chivos expiatorios. 

Si observamos experiencias similares en países de América Latina y Europa, muchos de estos casos han concluido con sanciones mínimas para los responsables de cuello blanco, en contraste con el trato que suelen recibir otros sectores sociales, menos protegidos por el poder y la influencia.

 De algo si estamos convencidos: solo la presión social y mediática puede mantener vigente este caso. Si la tragedia sigue con una alta visibilidad pública o provoca una indignación colectiva sostenida, se dificultará la concreción de una salida pactada o, al menos, se exigirá que las apariencias de justicia se mantengan.

¿Habrá una salida negociada? Probablemente sí. En este tipo de procesos juega un papel fundamental el poder de los actores involucrados y su capacidad para construir y controlar una narrativa favorable. Sin embargo, todo dependerá del alcance del escándalo, de la persistencia en mantenerlo en la agenda pública, de la presión externa (medios de comunicación, sociedad civil, organismos internacionales) y, sobre todo, del "precio" que estén dispuestos a pagar por salvar la imagen.

Comisión Política del Comité Central del Movimiento Popular Dominicano (MPD)

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