"También conviene señalar que la existencia de un documento de inteligencia no equivale automáticamente a la confirmación absoluta de los hechos que describe"

Por Antonio A. Méndez

Recientemente, el señor Víctor Grimaldi ha afirmado que “...la Central Intelligence Agency informa que el Movimiento Popular Dominicano secuestraría a un funcionario de la embajada estadounidense si no era liberado su secretario general, Maximiliano Gómez Horacio”. De acuerdo con esta interpretación, la CIA sabía desde el 17 de enero de 1970 —casi dos meses antes del secuestro de Donald J. Crowley y apenas tres días después del apresamiento del máximo dirigente del MPD, Maximiliano Gómez— que el MPD planeaba ejecutar dicha acción.

Esta aseveración tiene muchas implicaciones y ninguna muy positiva para los hombres envueltos en el MPD de ese entonces. Sin embargo, considero que el señor Grimaldi atribuye a la CIA un nivel de conocimiento y capacidad predictiva que el documento no demuestra de manera concluyente, además de realizar una interpretación discutible del contenido del memorándum.

El memorándum al que hace referencia puede encontrarse en el portal de la Oficina del Historiador del Departamento de Estado de los Estados Unidos, identificado como “Central Intelligence Agency Information Cable TDCS-314/00645-70”. En dicho documento, la CIA reporta una reunión celebrada en San Pedro de Macorís el 15 de enero de 1970 entre tres altos dirigentes del Movimiento Popular Dominicano, en la que se discutieron posibles acciones para lograr la liberación de Maximiliano Gómez.

Como ocurre con frecuencia en este tipo de informes de inteligencia, gran parte de la información contenida en el documento parece responder más a hipótesis, evaluaciones o escenarios posibles que a planes definitivos plenamente confirmados. La propia naturaleza de los informes de inteligencia obliga muchas veces a incluir rumores, comentarios de informantes y proyecciones preventivas cuya veracidad no siempre puede comprobarse de inmediato.

En ese contexto, el memorándum menciona la posibilidad de secuestrar a un funcionario de la embajada estadounidense y añade, de manera significativa, la expresión “similar a lo ocurrido en Brasil con el embajador norteamericano”. Esta referencia sugiere que la CIA estaba interpretando los acontecimientos dominicanos a la luz de experiencias recientes en América Latina, particularmente el secuestro del embajador estadounidense en Brasil en 1969, un hecho que había generado alarma en los organismos de seguridad hemisféricos.

Por ello, más que una prueba definitiva de que el MPD había tomado una decisión concreta de ejecutar un secuestro, el documento puede entenderse como un esfuerzo de la CIA por anticipar distintos escenarios posibles y advertir tanto a las autoridades estadounidenses como a los organismos de seguridad dominicanos sobre eventuales acciones radicales. La función principal de estos reportes era precisamente alertar sobre riesgos potenciales, aun cuando muchos de ellos nunca llegaran a materializarse.

El documento también menciona la preparación de un comando militar que intentaría sacar a “El Moreno” de la cárcel, mientras el MPD colocaría bombas en distintos puntos de la capital para crear caos y facilitar la operación. Sin embargo, el mismo memorándum señala que se discutió “la cooperación de todos los partidos de izquierda en el país para asistir en el escape de ‘El Moreno’ de la prisión”. Asimismo, reconoce que ya se había presentado un recurso de habeas corpus con el objetivo de obtener su libertad por la vía legal.

Este elemento resulta importante porque revela que, al menos en ese momento, coexistían distintas estrategias dentro del entorno político y organizativo vinculado al caso de Maximiliano Gómez. Si el MPD y otros sectores de izquierda ya estaban impulsando mecanismos legales y políticos para conseguir su liberación, es válido preguntarse qué podían ganar recurriendo de manera inmediata a una acción tan extrema y riesgosa como el secuestro de un funcionario extranjero. Un acto de esa naturaleza no solo habría provocado una respuesta represiva aún más severa del Estado dominicano, sino también una presión internacional considerable sobre las organizaciones de izquierda.

Además, debe recordarse que los organismos de inteligencia de la época tendían con frecuencia a sobredimensionar las capacidades operativas de los movimientos revolucionarios latinoamericanos, especialmente en el contexto de la Guerra Fría. En numerosos casos, los informes mezclaban información confirmada con especulación, rumores o interpretaciones influenciadas por el temor a la expansión de movimientos insurgentes similares a los de Cuba, Uruguay o Brasil. Por tanto, no puede descartarse que el memorándum reflejara también las preocupaciones y marcos interpretativos propios de la CIA, más que una descripción exacta de decisiones ya adoptadas por el MPD.

En caso de aceptar que el secuestro de Donald J. Crawley fue efectivamente ejecutado por el MPD, resulta razonable pensar que dicha decisión pudo haberse tomado posteriormente, cuando sus dirigentes llegaron a la conclusión de que la vida de Maximiliano Gómez corría peligro si permanecía en prisión. De ser así, la discusión concreta sobre un secuestro debió producirse en un momento posterior al 15 de enero de 1970, fecha señalada en el memorándum. Esto permitiría distinguir entre una hipótesis manejada tempranamente por organismos de inteligencia y una eventual decisión política adoptada más adelante bajo circunstancias distintas.

También conviene señalar que la existencia de un documento de inteligencia no equivale automáticamente a la confirmación absoluta de los hechos que describe. Los archivos desclasificados constituyen fuentes históricas valiosas, pero deben ser analizados críticamente, tomando en cuenta el contexto en que fueron producidos, los intereses de las instituciones que los redactaron y las limitaciones propias de la información de inteligencia. Interpretarlos de manera literal o aislada puede conducir a conclusiones apresuradas o incompletas.

Por todo esto, considero que debemos ser cuidadosos al promover interpretaciones que pudieron haber sido construidas desde el inicio con fines políticos, estratégicos o represivos, y que hoy podrían reabrir heridas entre personas que dedicaron sus vidas a luchar por lo que entendían era lo mejor para el país. El debate histórico exige rigor, contexto y prudencia, especialmente cuando se trata de episodios marcados por la violencia política y la polarización ideológica.

Asimismo, también resulta legítimo preguntarse por qué el señor Víctor Grimaldi decide ahora destacar y dar relevancia a un documento que lleva años disponible públicamente. No puede asumirse que desconocía que estos documentos fueron puestos a disposición en el portal de la Oficina del Historiador desde el año 2009. Esa decisión de rescatar el memorándum en el presente también forma parte del debate histórico y político, y merece ser examinada dentro del contexto actual en que se produce.